por Gerardo Laveaga

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No podía tratarse de una malhadada coincidencia. Tampoco de homicidio culposo, como adujo su abogado defensor en su primer encuentro conmigo. Mis quince años de fiscal me habían dotado de un olfato privilegiado. Un mes después de que Normanda, su vieja tía, le había nombrado heredero universal, Noé Godínez acudió al pueblo donde vivía la anciana, la acechó, esperó a que saliera de su casa e intentara cruzar la calle, la centró con su jeep y arremetió contra ella.

–¿No le parece absurdo?– preguntó el fiscal general.

–Lo aparentemente absurdo suele enmascarar premeditación, alevosía y ventaja con la que se cometen ciertos homicidios– respondí.

Mi jefe sugirió, entonces, que se hiciera la imputación por feminicidio. Me recordó que teníamos que reportar cifras mínimas de este delito, pues tal fue la promesa del gobernador en campaña para congraciarse con algunas organizaciones de la sociedad civil. Me negué categóricamente. Si nos íbamos por feminicidio, se caería el asunto. Era claro que el sujeto había intentado entrar en posesión de la herencia lo más pronto posible. Su móvil no había sido la calidad de mujer de doña Normanda. Iba por la herencia. Nada más.

Cuando, días más tarde, me enteré de que la dichosa herencia se reducía a un cofrecillo con aretes de carrizo, tres collares de conchas marinas y lentejuelas, así como un ajuar modestísimo, no cambié de opinión. Tampoco cuando supe que Doña Normanda, a sus casi noventa años, ya no estaba en sus cabales. El homicida lo ignoraba y condujo hasta el pueblo para liquidar a su parienta. Imaginó, seguramente, que la herencia sería más cuantiosa. La temblorina que desplegó durante su declaración inicial, su juramento de que sólo había ido a visitar a la mujer para llevarle algún dinero, como lo hacía cada año, podían confundir a un fiscal menos avezado. No a mí.

Lo que decididamente me sorprendió fue que la Fundación Maravilla anunciara que iba a patrocinar la defensa del criminal. Quien la llevaría iba a ser Don Oto Servín. Ni más ni menos. Al viejo litigante le encantaban los reflectores y no perdía oportunidad de aparecer en periódicos y redes sociales, autoproclamándose “el mejor dogmático penal de América Latina”.

La defensa que, años atrás, había hecho de un parricida seguía, siendo comentada entre magistrados y fiscales del circuito. Era un clásico. Cuando el fiscal pidió 40 años para su cliente, Don Oto convenció al juez de que éste no tenía la culpa: era un neurótico del que su padre había abusado de niño. Esto lo sabía la cocinera, quien dejó un cuchillo recién afilado sobre la mesa del comedor. Era ella quien debía ir a prisión.

Con lo que Don Oto no contaba fue con que la Fundación Maravilla iba a pedirle que también defendiera a la cocinera. Dado que ésta era una indígena oaxaqueña que apenas sabía escribir, Don Oto adujo, entonces, que el auténtico responsable de aquel crimen no era ella sino el dueño de la tlapalería: no solo había vendido el arma a la cocinera sin cerciorarse del uso que se le iba a dar, sino que había dejado el cuchillo muy filoso tras pasarlo por el esmeril. La opinión pública exigía un responsable. La presión sobre la fiscalía y el juez fueron enormes. Se condenó al dueño de la tlapalería por homicidio doloso y, aunque la pena fue la más baja –8 años–, todo mundo quedó satisfecho. Salvo el condenado, por supuesto.

Don Oto había estudiado en Alemania y, más de una vez, había corregido la plana a juristas como Jakobs, Roxin y otras lumbreras. Su libro El alma de la empresa era texto obligatorio en algunas facultades de Derecho. En él afirmaba que una persona moral no sólo podía ser acusada y procesada por cometer un delito sino que este delito podía tener un carácter culposo o doloso, según la conducta de la compañía en cuestión.

Orientándose por los principios infalibles de su libro y, a través del Compliance, Don Oto logró que decenas de empresarios que habían malversado fondos no pisaran la prisión. Recuerdo la expresión eufórica de uno de ellos al salir del juicio: “¿Ya lo ven? No fui yo: fue la empresa”. Esto, naturalmente, suscitaba todo género de controversias en el mundo académico. El litigante se limitaba a calificar de Schwindler a cualquiera que lo tildara de leguleyo o que pusiera en tela de juicio sus argumentos.

Cuando, finalmente, solicitó cita conmigo, supuse que elegiría un tema áspero para demostrarme con quién iba a vérmelas. No fue así. Entró a mi cubículo con un puro apagado entre sus dedos. De cuando en cuando, aliñaba sus bigotes de morsa o se enderezaba la corbata de pajarita. En los términos más comedidos, y sin que yo pidiera explicación alguna, me aclaró que su nombre se escribía con una sola t pues, aunque era de origen germánico, él había querido españolizarlo. Para ello, explicó, apenas concluyó sus estudios en Bonn, Berlín y Munich, inició un proceso de rectificación de su acta de nacimiento. “He querido adaptar los conocimientos de Alemania a la vida de mi país y no hacer una Grobe Kopie”. Con impecable cortesía, me rogó que, cuando me dirigiera a él, lo hiciera como Herr doktor.

Hechas estas precisiones y aclarado que Godínez sería procesado en libertad, pues en la imputación se había señalado, por lo pronto, homicidio culposo y una fianza garantizaba que no fuera a evadir a la justicia, Don Oto fue al grano: A quien había que acusar era a la Secretaría de Educación Pública dado que, en el momento del atropellamiento, doña Normanda cruzaba una calle donde estaba un letrero en el que podía leerse “Prohibido el paso”. Como ella no sabía leer, se lanzó sin precaución alguna del otro lado. Eso la condujo a la muerte.

–¿Y a quién corresponde enseñar a leer a los mexicanos si no es a la autoridad?

Con voz engolada, recitó un párrafo del artículo 3° de la Constitución y, antes de que yo pudiera explicarle por qué eso no procedía, me comunicó que ya había demandado a la Secretaría ante un juzgado federal. Habría que esperar la respuesta. Ésta llegó más rápido de lo esperado. La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP respondió con un documento de 800 fojas, cosido a mano, explicando el concepto de acceso a la justicia y añadiendo un anexo sobre los límites de los derechos humanos. El juez aceptó los argumentos de la autoridad.

Son unos Heuchlers –bufó Don Oto–, pero no me daré por vencido: tras estudiar con más detenimiento el caso, he llegado a la conclusión de que quienes deben ser castigadas son la autoridad estatal y municipal por no pavimentar los caminos. Si hubiera estado debidamente pavimentados, el coche habría podido frenar y se habría salvado una vida.

Ocurrió algo similar: el presidente municipal presentó los planos de pavimentación urbana, a los que se había comprometido el gobernador y éste no perdió la oportunidad de lucirse. Hizo una pomposa declaración sobre las obras públicas que había realizado su gobierno y el juez desestimó el alegato.

Don Oto se lanzó entonces contra la fábrica del jeep que manejaba Godínez el día de la tragedia: si el automóvil hubiera tenido un sistema de frenos más eficaz, pontificó, habría podido detenerse en cuanto la anciana se arrojó a su paso. Los abogados de la fábrica de jeeps hicieron llegar al juez los diseños de sus unidades, detallando perno por perno y pivote por pivote, por lo que el juez, confundido, tampoco respaldó esta nueva teoría.

En su declaración inicial, el imputado había declarado que un par de abejas habían entrado al automóvil y que, cuando él trató de evitarlas, fue que dio el volantazo que costó la vida de su tía. Su declaración cobró relevancia cuando un testigo afirmó haber visto al homicida tratando de evitar algo con las manos. El problema es que en aquel pueblo no se veían abejas desde hacía años. Don Oto decidió, entonces, que las abejas debían haber estado ya en el automóvil. Para su buena suerte, tuvo noticias de que en el parque que estaba frente a la casa de Noé Godínez se acababan de retirar dos panales de abejas.

–Se lo dije– me avisó con una mueca de satisfacción: –las abejas venían en el automóvil.

–¿Querrá usted responsabilizar a las abejas Herr Doktor?

Mi comentario no le causó gracia.

–No a las abejas, pero sí a las autoridades que no retiraron los panales a tiempo. Era su obligación. Fue su negligencia la que costó la vida de esta anciana.

Y así fue como la emprendió contra las autoridades agropecuarias. Ante la imposibilidad de probar la existencia de los bichos en el momento del homicidio, su causa comenzó a hacer agua. La fortuna volvió a sonreírle cuando se enteró de que, aquél nefasto día, antes de salir de casa, su cliente había solicitado a su mujer que le preparara un sándwich de cajeta para ir comiéndoselo en el camino. Seguramente, mientras la mujer lo hacía, las abejas se las habían arreglado para meterse en la bolsa y, cuando llegó al camino con los baches, salieron y le atacaron.

–¿Va a emprenderla contra la mujer de su cliente?– quise saber.

–No– respondió él confiado–: ese día se estaba hospedando con ellos una prima que había ido de Torreón y, según las declaraciones que he recabado, ella se ofreció a preparar el desayuno esa mañana. Sabiendo que había un panal en el jardín, dejó abierta la ventana: es la prima la que provocó la tragedia.

Tantas fueron las acrobacias que desplegó Don Oto, que los plazos se extendieron. Los juicios paralelos se extrapolaron y, finalmente, el fiscal general me obligó a acusar por feminicidio. Como lo preví, el caso se perdió por falta de elementos. Fui amonestado por el gobernador en persona y varias organizaciones de la sociedad civil publicaron mi fotografía en los periódicos locales. Me tacharon de ser enemigo del género femenino.

Con el triunfo en la mano, Don Oto corrió a atender un asunto que exigía su presencia en Surinam: se trataba de un asesino serial. El joven, en cuestión, estudiaba botánica en las mañanas y se ganaba la vida como mesero, por las noches. Había envenenado a una docena de comensales con hongos venenosos. Don Oto iba a probar que, como estudiante de botánica, su cliente conocía el poder mortal de aquellos pilze pero, como mesero, no tenía obligación alguna de saberlo. “Si se hiciera la imputación al estudiante de biología, sería un homicidio doloso que merecería un castigo severo”, declaró ante los medios. “Pero la imputación se le está haciendo a un mesero que no tenía por qué saber lo que servía”.

La semana pasada recibí el nuevo libro de Don Oto. Me lo dedicó como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Se llama La ofendícula. Es un tratado de mil páginas que sostiene que, si un sujeto intenta entrar a robar a mi casa, escala la barda, resbala, cae y se rompe un hueso, soy yo quien debe pagar los daños ocasionados al bandido. Confieso que fue este libro lo que me decidió a explorar nuevos caminos. Tras quince años como fiscal, decidí rehacer mi vida y dedicarme a la dogmática penal. Si no ha acabado de convencerme del todo, al menos me permitirá una vida más holgada.

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